¿Uribe quedará libre? La Fiscalía solicitó su libertad

Álvaro Uribe Vélez. /FOTO: FISCALÍA.

El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, coordinador de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia y quien lleva el caso del expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez, apoyó la solicitud de libertad de su abogado Jaime Enrique Granados Peña e igualmente solicitó al juez 30 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la libertad del exsenador por el caso que afronta por presunta manipulación de testigos.

La Fiscalía General de la Nación estima propugnar por el respeto a la legalidad, respeto por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Uribe Vélez”, dijo en la audiencia Jaimes Durán.

Gabriel Ramón Jaimes Durán. /FOTO: FISCALÍA.

Aseguró que “los resultados de estas audiencias no serán el triunfo político para unos y una derrota política para otros”.

Igualmente dijo que dicha solicitud no era una antesala a lo que será el proceso, sino por el contrario, aseguró que habrá celeridad, justicia y derecho.

“La investigación no parte de cero. La gran cantidad de pruebas recaudadas no se desestima sino que por virtud del cambio del sistema penal, se han convertido en elementos material probatorios, evidencia física legalmente obtenida, que serán revisados a la luz de la cadena de custodia y de incorporación probatoria, para ser valorados legalmente de cara a una formulación de imputación”.

Fiscal Jaimes.

Indicó que para la Fiscalía es evidente una “incompatibilidad procesal” en caso que se llegue a avalar la indagatoria como una imputación de cargos, en la ley 906. Esto “vulneraría el derecho del debido proceso, si en el caso presente avanzáramos en el mismo estanco procesal”, dijo Gabriel Ramón.

La explicación de la defensa

Previamente en la audiencia, Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, pidió revocar la medida de aseguramiento domiciliaria del exmandatario presidencial, porque su expediente se surte por ley 906 de 2004, y este no es similar al que se adelantaba en la Corte Suprema, ley 600 de 2000.

Jaime Enrique Granados Peña, defensor de Álvaro Uribe. /FOTO: COLPRENSA.

El defensor manifestó que el proceso en ley 600 estaba en indagatoria, lo que permitía detención preventiva. Para llevar a cabo una medida de aseguramiento domiciliaria, debió llevarse una audiencia de formulación de cargos.

Hay precedentes que permiten extraer conclusiones. Debe haber un contorno de formulación de imputación, es decir, un acto de comunicación en presencia de un juez constitucional, en el proceso ley 906, esto no se ha registrado”, aseguró Granados, a la vez que añadió que “al no surtirse una imputación de cargos no tiene por qué estar privado de la libertad. No se puede homologar la medida de aseguramiento de la ley 600 a la 906”, explicó Granados Peña.

La audiencia continuará esta tarde y se prevé que el próximo sábado la justicia tome la decisión de dejar o no en libertad, a Álvaro Uribe.

Con información de Colprensa.