Por presunta compra de votos envían a la cárcel al alcalde de Murindó

El Juzgado Promiscuo Municipal de Murindó, en el Urabá antioqueño, impuso medida de aseguramiento intramuros contra el actual alcalde de esa población, Nafel Palacios Lozano, […]

A la población, ubicada en el Atrato Medio, se desplazó una delegación del CTI de la Fiscalía, que realizó las capturas. /FOTO: CORTESÍA.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Murindó, en el Urabá antioqueño, impuso medida de aseguramiento intramuros contra el actual alcalde de esa población, Nafel Palacios Lozano, por el delito de corrupción al sufragante, dijo la Fiscalía General de la Nación.

Con la misma decisión fueron afectados el comerciante Orleyder Cabrera Palacios y el líder indígena y exconcejal del municipio, Wilson Saitamo Cabrera.

Nafel Palacios Lozano.

El despacho judicial también impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Manuel Francisco Bertel Zapata, Andrés Felipe Sierra Bertel y Gilberto Bailarín Sinigui.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, durante las elecciones del 27 de octubre de 2019, el entonces candidato Palacios Lozano y su equipo de campaña habrían pagado la suma de 100.000 pesos por voto a su
favor.

Se evidenció, además, que el 9 de septiembre del mismo año, el procesado le pagó 300.000 pesos a una mujer del pueblo para que votara por él.

La defensa del alcalde apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Promiscuos del Circuito.

Murindó está ubicado en el Medio Atrato. /FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.

El mandatario municipal fue capturado inicialmente el jueves, 17 de septiembre, dentro de otra investigación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la construcción de andenes.

Sin embargo, el martes 22 el juez ordenó su libertad tras considerar
que no existía inferencia razonable de autoría o participación. El fallo fue apelado por la Fiscalía.


El mismo 22 de septiembre, Palacios Lozano fue recapturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para que respondiera por esta otra presunta conducta delictiva relacionada con su elección.