Polémica por expedición de decreto de pago de salarios por horas

Expertos advierten que elpago por horas se puede extender a todos los trabajdores que hoy tienen contratos indefinidos. /FOTO: ARCHIVO.

Diversas reacciones de abogados y expertos ha causado por redes sociales y otros medios alternos, la expedición el pasado 27 de agosto del Decretro 1174, que les permite a los empleadores el pago de salarios por horas.

El abogado laboralista Juan Felipe Díez Castaño, especializado en Seguridad Social, opinó que este Decreto es prácticamente un reforma laboral que “elimina de tajo a largo plazo la posibilidad real de que los trabajadores puedan acceder a una pensión de vejes, invalidez o sobrevivientes; hasta, incluso, de solo un salario mínimo.

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Adviritó que este Decreto permite que, sin límites, las empresas contraten por horas. “Entonces cuando esta contratación no le genere al obrero el pago del salario superior al mínimo esto le permite al patrón no afiliarlo a los sistemas generales de pensión y salud, riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar.

Aseveró el profesional que solo habrá protección a través de algo que el Gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo y lo denominó el Piso de Protección Social, el cual consiste en que a los trabajadores los van a afiliar al Beneficio Económico Periódoco, BEPS. O sea, que cuando llegue a los 62 años si es hombre o 57 años si es mujer y no lograron cumplir los requisitos de la pensión, se les retribuirá una suma en dinero que se pagará a 2 meses inferior al salario mínimo mensual.

Esto quiere decir: “pensionarse con menos de un salario mínimo con el pago cada 2 mes por parte de Colpensiones”.

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Con este Decreto, añadió Díez,” las emprsas ahora no tendrán límites de contratar trabajadores por horas y cuando el salario es mínimo al mes no los tendrá que afiliar a seguridad social, lo que abarataría el costo de la mano de obra hasta el punto que incentivará el abuso del derecho y no contratar obreros a tiempo completo“.

Enfatizó en que este Decreto atenta contra el modelo constitucional colombiano que es un Estado Social del Derecho, el cual se caracteriza por la defensa del trabajo y la seguridad social.

Además se violan los derechos fundamentales e irrenunciables al trabajo y la seguridad social consagrados en en los artículos 22 y 23 de la Declaracíón de Derechos Humanos de la ONU en 1948.

Alertó que el Decreto trae supuestas sanciones para el empleador que desmejore al trabajador de tiempo completo y lo pase a horas en un período de un año. Pero, a largo plazo con la terminación de contratos o fenómenos como vinculación de nuevos trabajadores esos controles no se van a verificar o no van a ser eficaces, porque solo aplica para trabajadores que sean desmejorados a un año, pero un empresario puede terminar el contrato e indemnizar al trabajador.

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Por lo tanto, Díez calificó este Decreto como carente de elementos que puedan limitar el abuso del derecho por parte los empleadores en desmejorar a los obreros o empleados de tiempo completo y pasarlos a horas.

Por su parte, las abogadas expertas en Derecho Laboral de la Escuela Nacional Sindical, Ana María Amado y Luisa Parra Rodríguez, explicaron recientemente en un pronunciamiento de esta corporación que el llamado Piso de Protección Social impulsado por el presidente Duque luego de incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 está integrado por un “combo precario de 3 componentes. Por un lado los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el otro es el Régimen Subsidiado del Sistemas General de Seguridad Social y, finalmente, por un Seguro Inclusivo, que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por los BEPS.

Las expertas llamaron la atención de los trabajadores colombianos, porque desde el Plan Nacional de Desarrollo se implementó este Piso de Protección Social que precariza el acceso al derecho a la seguridad social de la población más vulnerable del país.

Criticaron que el Gobierno de Duque hubiera emitido estos decretos a través de un proceso poco democrático, sin la publicidad y la participación suficiente. “Casi por agache”, expresaron.

Iván Duque Másquez, presidente de Colombia. /FOTO: COLPRENSA.

También hicieron énfasis en que el artículo 48 de la Constitución establace que se pueden conceder los BEPS inferiores al salario mínimo, pero a personas de escasos recursos económicos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.

Sin embargo, el Decreto amplía la cobertura, estableciendo que las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por un tiempo parcial y que en virtud de ellos reciban un ingreso total mensual inferior a un salario mínimos se encuentran obligadas a acceder a los BEPS, sin que tenga importancia que cumplan o no con las condiciones para acceder a una pensión.

Dijeron por último las expertas que bajo el argumento de estar ayudando a los más desfavorecidos, el Gobierno nacional condena al país a un servicio social complementario, anclado en una perspectiva contributiva y no solidaria, que no garantiza el derecho a la igualdad material y que amplía la desigualdad.