¡Ojo al dato! En medio de la cuarentena no le pueden parar su proceso para pensionarse

/FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional determinó que los fondos de pensiones deben adoptar mecanismos tecnológicos para no detener procesos de pensión con ocasión del aislamiento preventivo ocasionado por el Covid-19.

El alto tribunal hizo el pronunciamiento al resolver el caso de un hombre que pese a ser diagnosticado con una pérdida de capacidad laboral del 56,14 %, al iniciar los trámites para acceder a la pensión recibió una traba injustificada a su solicitud por parte de Porvenir S.A.

El órgano, a juicio del documento, lo condicionó a entregar documentación que ya era de pleno conocimiento por parte de la entidad y que no requería de que fueran anexadas al proceso por parte del solicitante y al cumplimiento de otros trámites que no eran necesarios para evaluar la solicitud.

Si bien al entregar la documentación requerida por la entidad se evidenció una inconsistencia con la fecha de nacimiento contenida en el Registro Civil de Nacimiento y la de la Cédula de Ciudadanía, la Corte concluye que el Registro Civil no era un documento necesario para acreditar la edad del solicitante y menos en el caso de la pensión por invalidez.

Además de ello, Porvenir S.A. no debía someter el trámite de la pensión al cumplimiento de un proceso en la jurisdicción ordinaria, que pretendía la corrección de los errores en la fecha de nacimiento en el registro y la cédula, y tampoco a un proceso adicional que buscaba la designación de un curador para el hijo menor del solicitante, cargas desproporcionadas y extralegales que no debe adquirir el afiliado.

Así las cosas, el alto tribunal recuerda que Porvenir S.A. no puede exigir ningún documento adicional para resolver la solicitud, dado que el hombre se encuentra afiliado a esta entidad, por lo tanto, en sus bases de datos reposa la información relativa al número de semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha en la que la invalidez se estructuró, y ya presentó copia de su dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Para la Corte esta entidad vulneró los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social del hombre al negarse a iniciar el trámite de reconocimiento de la pensión de invalidez, demorando su reconocimiento por 11 meses con fundamento en barreras administrativas. Por lo tanto, la Corte ordenó a esta entidad que dentro de 48 horas se resuelva la solicitud del accionante y defina si este tiene derecho a la pensión de invalidez.

“Porvenir S.A. no debe condicionar el cumplimiento de esta sentencia a las medidas de aislamiento ordenadas por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia causada por el Covid-19, sino que deberá utilizar las plataformas digitales y medios electrónicos para solicitar documentos, evaluar la solicitud del accionante y notificar oportunamente a su afiliado sobre su trámite”, reposa en el documento del alto tribunal.

Colprensa