La Comisión Colombiana de Juristas, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, y los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda demandaron ante la Corte Constitucional el acto legislativo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes, promulgado el pasado miércoles por el presidente Iván Duque, el cual modificó el artículo 34 de la Constitución.
El abogado Julián González, coordinador del Área de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que la Corte debe revisar esta decisión, porque realmente no protege la dignidad de los niños y adolescentes, como dijeron los promotores de la iniciativa, ya que no adopta medidas para su protección o atención ni aborda problemas sustanciales de los fenómenos de violencia como la impunidad en los delitos sexuales en el país.
Además, anotó el jurista, hubo unas falencias de procedimiento que en el Congreso no se subsanaron a tiempo como fueron los impedimentos que se presentaron en la Comisión de Ética cuando se realizaban el séptimo y octavo debate.
Por último, dijo, “esta reforma sustituye la Constitución, porque la Corte en otras sentencias ha dicho que la dignidad humana es un eje fundamental de la Carta Magna y, según doctrinas internacionales, la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano y degradante y aquí quedaría en entredicho este postulado”.
En un comunicado suscrito por los demandantes también se aduce que el problema que debe atender el Estado y las autoridades no es de las bajas penas sino de alta impunidad.
“La reforma constitucional no aporta una sola medida para que el Estado opere adecuadamente para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Por el contrario, cosifica a los niños, niñas y adolescentes víctimas al no darles respuestas frente a la afectación de sus derechos, más allá del castigo a sus victimarios”.
Según los demandantes el Gobierno nacional y el Congreso ya tienen competencias para establecer una política pública integral para proteger a los niños, niñas y adolescentes, con alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena de los responsables, cuando sus derechos resulten vulnerados. “La reforma constitucional que se planteó, reiteramos, no aporta nada para ello”, enfatizó el comunicado.
Con la promulgación de la nueva ley, el Gobierno colombiano tendrá un año de plazo para presentarle al Congreso un proyecto que reglamente la prisión perpetua para este tipo de criminales.