En esta época de emergencia, mientras la mayoría de los ciudadanos permanece en casa para cuidar su salud, los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) tienen más trabajo que nunca.
En las últimas semanas han tenido que afilar su olfato para identificar a los funcionarios públicos que aprovechan para hacer de las suyas en esta situación extraordinaria, en la que es necesario firmar una avalancha de contratos en muy poco tiempo para poder atender la emergencia.
Esta semana las 3 entidades presentaron un informe conjunto de sus investigaciones, que resulta preocupante, pues por lo menos en 16 de los 32 departamentos del país hay alertas prendidas sobre la posible destinación irregular de los recursos para atender la pandemia.
Sobrecostos, contratos a dedo, selección de contratistas que no tienen experiencia para la labor para la que fueron contratados y compras innecesarias son solo algunas de las modalidades en las que se pierden los recursos que deberían estar destinados a la atención de la salud de los colombianos.
Aunque se trata de investigaciones que aún están en curso, sí dejan en evidencia posibles malos manejos que ya dieron lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra varios alcaldes y gobernadores.
En alimentación
Colombia, además de la situación de salud pública que padece, está sumergida en una grave crisis alimentaria porque muchos colombianos que viven del rebusque y de los trabajos informales, o bien se han quedado sin empleo, o no han podido salir a ganar un sustento para evitar un posible contagio.
Esta situación ha generado en más de una ocasión que los colombianos no tengan un alimento en sus mesas, por lo que el Gobierno nacional y los gobiernos locales han puesto en marcha planes para mitigar este flagelo.
Los contratos que son necesarios para llevar a cabo este plan, se han convertido en muchos casos en fuente de irregularidades.
Llama la atención del reporte que existen sobrecostos en los kits alimentarios, que las entidades territoriales hacen convenios con entidades que no tienen domicilio en su municipalidad, o que sencillamente no cuentan con experiencia en la actividad económica relacionada con el suministro de productos de la canasta familiar.
En Medellín hallaron irregularidades en los kits que le entregarían a niños del Programa de Alimentación Estudiantil (PAE). Lo que llamó la atención de los investigadores de los organismos de control, además del elevado costo del convenio por más de $ 7000 millones, fue hallar que los mercados que tendrían un costo real de $ 10.000 a $ 15.000, la Administración los estaba pagando a $ 32.500. Por estos hechos indagan a funcionarios de la Secretaria de Educación.
Otra irregularidad hallada en Antioquia es que hay una entidad denominada Suministros Empresariales de Colombia, que firmó un convenio con la Administración para suministrar paquetes alimentarios. El nombre de la entidad generó incertidumbre en los órganos de control debido a que posiblemente su actividad económica no podía guardar relación con la distribución de alimentos propios de la canasta familiar.
En Malambo, Atlántico, por ejemplo, la Alcaldía celebró un convenio en el que se comprometían a adquirir y entregar a la población vulnerables kits de mercados. Con lo que no contaban era que los organismos de control tenían la lupa puesta y hallarían irregularidades en el contrato celebrado por 4000 millones de pesos.
En Sincelejo, Sucre, la situación es similar. El alcalde celebró 2 contratos por más de 1000 millones de pesos, donde se comprometían a entregar kits alimentarios a la población vulnerable. En este caso, el convenio fue directamente con las sociedades de Abastos y Fruver dado que buscaban entregar abarrotes y fruta a la comunidad. El detrimento en este convenio sería de más de $ 900 millones.
En Girón, Santander, la historia se repitió. El alcalde celebró 2 “negocios jurídicos” por más de $ 3400 millones con los que, inicialmente, buscaba adquirir alrededor de 1200 kits de mercados para la población vulnerable.
En un segundo convenio se pretendía favorecer a estudiantes de colegios distritales que hicieran parte del PAE, sin embargo, a juicio de los organismos de control en ambos pactos se habrían registrado sobrecostos para favorecer a terceros.
En Coveñas, Sucre, indagan lo sucedido con el suministro de 6000 kits alimentarios que le costaron a la Alcaldía $ 1206 millones. En este caso, lo que llama la atención es que se contrató a una fundación que tiene domicilio en otro departamento, sumado a que este a su vez tuvo que adquirir con un proveedor mayorista algunos productos que se encontraban dentro del kit.
Lo que indagan es el motivo por el cual se les cobró los productos de manera unitaria cuando estaba incluido en un a “todo costo” en los kits. Además de ello, hallaron irregularidades en los costos de transporte. Las clausulas en este caso fueron cambiadas por la empresa contratista pero, además, avalados por los funcionarios públicos.
En Chocó los más de 4000 kits de mercados que estaban destinados para familias vulnerables de Quibdó, están bajo la lupa, pues tienen pruebas de que hay sobrecostos en el convenio que superó los $ 300 millones. Este es apenas uno de los procesos que se adelanta en dicho departamento.
En salud
Los elementos de salud, insumos sanitarios y equipos médicos son elementos indispensables en esta época de emergencia, de ahí que la lupa de los órganos de control esté presentes sobre ellos.
En este caso, las irregularidades encontradas incluyen desde incrementos desbordados en los precios de los elementos de protección hasta obligar a los habitantes de un municipio a diligenciar un formato en el que aceptaban no ser atendidos en un centro de salud en caso de contagio.
La lupa la pusieron los órganos de control en la Gobernación del Valle del Cauca, donde hallaron sobrecostos en un contrato que tenía como objeto suministrar 400.000 tapabocas N95, 50.000 caretas de protección, 300.000 tapabocas 3 capas, 54.000 polainas desechables, 50.000 batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa, por un valor de superior a los $ 15.132 millones.
Si bien el convenio fue adjudicado de manera directa a una empresa que suministra elementos de salud, las partes se escudan en que la contratación se adelantó de tal manera porque la declaratoria del Estado de Emergencia así lo estipuló.
Por los mismos sobrecostos en tapabocas, la Armada Nacional también está en apuros. Una relación de costos emitidos por la Contraloría da cuenta que mientras la Policía Nacional compró este elemento de protección convencional en $ 750, la Armada lo hizo en $ 1500. Por estos hechos 3 uniformados y el representante legal de la empresa contratista están siendo investigados.
Si bien el sobrecosto de esos elementos ha aumentado considerablemente, incluso, para el ciudadano del común, los órganos de control han hecho un llamado para que no exista especulación.
Pero los sobrecostos en los tapabocas no son la única preocupación, millonarios contratos para adquirir ambulancias también hacen parte de la revista que están pasando.
El convenio de las ambulancias fue celebrado por la Gobernación de Putumayo y, al parecer, este pacto careció de planeación para adquirir los 10 automotores que superan los $ 3460 millones de pesos.
Si bien el tema monetario llama la atención de los entes, en el sector salud investigan un hecho sin precedentes. Ocurrió en Caquetá, donde la administración de Doncello habría adoptado medidas extremas para evitar que las personas salieran a la calle y resultar contagiados.
Se trata de un formulario que le hicieron diligenciar a los lugareños indicando que si se llegaban a contagiar renunciaban a su derecho a la salud y a ser atendidos en un centro asistencial. Lo que llama la atención de los órganos de control es que con la firma los ciudadanos autorizaban la aplicación de la eutanasia en el evento de ser un paciente terminal.
El formato, que lo denominaron ‘Para el ciudadano infractor’, según la administración municipal está destinado a los habitantes que violen la cuarentena.
Publicidad
Lo lógico sería que en esta época de pandemia, los organismos de control encontraran encontraran centenares de contratos destinados a la compra de alimentos y elementos relacionados con la atención de salud, pero también se han encontrado un buen número destinados a la contratación de publicidad en medio de la pandemia.
En esta materia, Chocó, Caldas y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la república, parecen no salir bien librados. Inicialmente, en Quibdó se firmó un contrato que tenía como objeto la elaboración de una campaña de publicidad para la promoción y prevención del contagio del C-19. Este convenio se celebró por $ 118 millones.
Lo que los órganos de control señalaron es que tales recursos destinados para evitar la propagación no deberían ser gastados en una campaña de publicidad, dado que las necesidades de dotar con elementos de protección, entre otras situaciones, eran más imperiosas que la que convinieron.
En Quindío, por su parte, el convenio se celebró el 2 de abril, con el canal de televisión Telecafé por $ 470 millones, y tenía como finalidad la prestación de servicios como central de medios, actividades como agencia de publicidad, desarrollo de estrategias de comunicación y operador logístico de eventos.
En este caso los organismos de control buscan determinar si se presentaron posibles sobrecostos y si el objeto pactado tenía incidencia directa con la mitigación de la emergencia económica y sanitaria con ocasión de la pandemia.
En el ojo del huracán también está el contrato celebrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la república con la firma Du Brands S.A.S, en el que, según el objeto contractual, se buscaba posicionar la imagen del presidente Iván Duque. Lo que llamó la atención de la Procuraduría fue que fue firmado en medio de la pandemia, por un valor que supera los $ 3000 millones.
Colprensa