Así estarían robando raciones de alimentos de Bienestar Familiar

Bogotá. Abril 11 de 2020. La Brigada 13 del Ejército Nacional y la Fundación Trabajando por Colombia visitaron dos hogares de adultos mayores en Bogotá, con el principal objetivo de entregar ayudas representadas en víveres esenciales para contribuir a las necesidades de alimentación que brindan estos lugares, durante la emergencia sanitaria que atraviesa el país. (Colprensa - Camila Díaz)

Una alarmante revelación hizo esta semana la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República, cuando con un seguimiento a las planillas del programa Canastas Nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) evidenciaron que en medio de la pandemia, contratistas de la entidad entregaron raciones de alimentos a personas reportadas como fallecidas generando un posible detrimento por al menos 2241 millones de pesos.

Antecedente: ¡Qué tal esto! Contratistas del Icbf se pasaron de vivos y entregaron 28.000 raciones de alimentos a 15.000 ‘beneficiarios’ que estaban muertos.

¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? ¿Qué otras metodologías usaron los contratistas para beneficiar a terceros con las canastas de alimentos y cuáles fueron las zonas del país en las que ocurrieron estos casos?

Según le explicó a Colprensa María Fernanda Rangel, directora de la Diari, la indagación al programa del Icbf fue el resultado del plan de vigilancia de la entidad a los recursos asignados para atender la pandemia del Covid-19 en el país, entre estos, los recursos con los que el ICBF hizo contrataciones para garantizar el suministro de raciones de alimentos a los niños entre cero y cinco años y a las madres gestantes del programa Canastas Nutricionales.

La Diari obtuvo 100.000 planillas diligenciadas por los contratistas, en las que pudo evidenciar inconsistencias en los números de identificación de los beneficiarios. La Unidad de Información de la Diari se encargó de convertir los archivos a texto líquido y por medio de un algoritmo extrajo los datos correspondientes a nombres y cédulas que fueron cruzados con los datos de la Registraduría Nacional.

/FOTO: COLPRENSA.

¿Qué se encontró? 

La Diari emitió 69 alertas al encontrar 3 modalidades con las cuales se estarían robando las raciones de alimentos de los menores. La primera modalidad corresponde a entregas a acudientes cuyas cédulas correspondían a personas reportadas como fallecidas y entregas a menores reportados como fallecidos, pero cuyos documentos aparecían conectados a otros nombres en las planillas. La segunda modalidad corresponde a entregas a acudientes que representaban, incluso, a más de 150 menores en todo el país y la tercera a contratos con bajo o nulo cumplimiento.

En la primera modalidad, la Diari encontró que los contratistas del Icbf entregaron 28.018 raciones a 15.580 documentos registrados como acudientes o tutores, pero que aparecen como personas fallecidas en la base de datos de la Registraduría. Teniendo en cuenta que la ración más baja tiene un costo de 80.000 pesos, la suma a la que ascienden las raciones entregadas a presuntos fallecidos sería de 2241 millones de pesos.

En 5 departamentos se concentraron las alertas: en Atlántico se presentaron 6890 entregas con alertas a 3595 cédulas de personas fallecidas. En Bogotá, 5392 entregas con alertas. En La Guajira fueron 4548 entregas a 2167 cédulas de fallecidos. En Magdalena, 1981 entregas a 992 cédulas de fallecidos; y en Sucre 1062 entregas con alertas a 634 cédulas reportadas como fallecidas.

Bajo esa misma modalidad se encontraron casos de menores que aparecían registrados como beneficiarios del programa de Canastas Nutricionales, cuyos documentos también se encontraban reportados como fallecidos. Su documento figuraba en la lista de beneficiarios con otros nombres y apellidos.

Según la Diari, con esta modalidad de suplantación de los menores se entregaron, al menos, 48 raciones de alimentos a 21 menores de edad reportados como fallecidos previo a la fecha de entrega de las canastas. Solo en Chocó hubo 37 entregas a 16 menores fallecidos, y en Nariño ocho entregas a 2 menores fallecidos.

En una segunda modalidad, una sola persona figuraba como el acudiente de una gran cantidad de niños en todo el país. Con esta metodología, la Diari emitió 6 alertas a 1970 beneficiarios.

Por ejemplo, un hombre aseguró ser el acudiente de 195 beneficiarios y recibió 195 raciones por menores de los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander.

Otra mujer de Chimichagua, Cesar, aseguró ser la madre de 172 menores en Cesar y otro más en Fundación, Magdalena, y recibió raciones de alimentos por cada uno de ellos. En Buenaventura, un hombre afirmó ser el tío político de 134 menores de edad para recibir las raciones de estos niños y niñas.

Y en una última modalidad, la Diari encontró contratos con bajo cumplimiento, generando 25 alertas en contratos por un valor de 12.087 millones de pesos. Entre mayo, junio y julio varios de estos contratos hicieron pocas entregas de raciones o incluso, ninguna.

En Medellín, por ejemplo, en uno de estos contratos no se entregó una sola ración de las 2691 que debían entregar entre junio y julio.

¿Qué pasará ahora?

Según explicó Rangel, lo primero es que las alertas de la Diari permitieron advertir al Icbf sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías, que permitan hacer un seguimiento mucho más efectivo a la ejecución y al actuar de los operadores.

Además, las alertas de la Dirección de Reacción Inmediata hacen parte de una primera etapa de control preventivo, adquirida por la Contraloría en el Acto Legislativo 04 de septiembre de 2019, y buscan evitar daños al patrimonio público y actuar antes de que los daños ocurran.

Sin embargo, esta semana el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, declaró la investigación como de impacto nacional, por lo que hay altas posibilidades de que efectivamente exista un detrimento patrimonial, por lo que el caso pasará a manos de la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha Contra la Corrupción de la Contraloría.

El Icbf ya comenzó, además, sus indagaciones e hizo la primera denuncia penal ante la Fiscalía por 36 canastas entregadas a menores después de emitida su acta de defunción. Además, la directora del Instituto, Lina Arbeláez, contó que la entidad lanzó Betto, una herramienta que por medio de la inteligencia artificial permitirá contratar operadores de forma más transparente, para que las ayudas lleguen finalmente a las poblaciones más vulnerables en Colombia.

Colprensa.