“Para enfrentar el secuestro, se necesitan más hechos y menos palabras”: Defensor del Pueblo

Las cifras que presenta la Defensoría del Pueblo, basadas en la información de su Observatorio de Derechos Humanos, indican que en el comparativo entre julio y septiembre de 2022 y el mismo periodo de 2023 los reportes de secuestro en Colombia crecieron de 25 a 48 casos, es decir, tuvieron un aumento del 92 %. Arauca y Norte de Santander son los departamentos más afectados.

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De acuerdo con las palabras del funcionario, el secuestro sigue siendo un fenómeno que está presente en el marco del conflicto armado interno y su incremento en el último año se ha presentado especialmente en zonas donde tienen influencia y delinquen grupos armados ilegales como el Eln y facciones disidentes de las Farc/EMC.

La Defensoría del Pueblo advierte que no solo existe un subregistro negativo (casos que no son reportados por las víctimas a las autoridades), sino también un subregistro positivo (casos en los que los secuestros son reportados, pero luego ya no se tiene conocimiento de su liberación o del destino de las víctimas de este flagelo).

La Defensoría, del lado de las víctimas

Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, recuerda que los colombianos y residentes en el país cuentan con diversos canales de atención en caso de ser víctimas de secuestro, y los invita a hacer uso de ellos para prevenir y hacerle frente al delito.

“La Defensoría del Pueblo, a través de nuestras 42 defensorías regionales, atiende a las víctimas directas e indirectas, es decir, también a las familias de las personas que se encuentran en cautiverio. En ese sentido, hacemos un asesoramiento y acompañamiento permanentes, que se traduce en un seguimiento a su situación y en servir como contención emocional a sus familiares”, comenta el Defensor del Pueblo.

Adicionalmente, el funcionario ha instado a quienes participan en los ciclos de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN a que se exija, no solo el cese del secuestro, sino acabar también con la práctica del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en sus filas.

“No hay razones morales o jurídicas para justificar la continuidad de las aberrantes prácticas en contra de la población civil. Por tales motivos, desde la Defensoría del Pueblo le exigimos al Ejército de Liberación Nacional renunciar al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y entregar inmediatamente a los menores de edad que forman parte, de manera forzosa, de sus filas subversivas”, exige Carlos Camargo Assis.

En su concepto, es inconcebible que el Gobierno se siente a una mesa de conversación con estructuras armadas ilegales que insisten en las retenciones arbitrarias, las detenciones y los secuestros, que violentan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los colombianos.

“Una delegación no se puede sentar a la mesa de diálogos como si nada, ignorando que el flagelo del secuestro, como anormal método de financiación, lo único que causa es daño, además de que degrada la condición humana”, señala el Defensor del Pueblo.

El derecho internacional humanitario es claro sobre el secuestro y el reclutamiento de menores de edad, y es evidente que mientras perduren estas actividades ilícitas, no se pueden alcanzar acuerdos de paz.

Para la Defensoría del Pueblo, la inclusión de menores de edad en la lista consolidada de personas secuestradas es grave, no solo porque atenta contra la libertad y la integridad familiar, sino porque los niños, niñas y adolescentes son considerados sujetos de especial protección debido a su vulnerabilidad y a la necesidad de garantizar su desarrollo integral en un entorno seguro.

“La presencia de menores de edad entre las víctimas de secuestro eleva la gravedad de la situación, ya que están en una etapa crucial de su desarrollo físico, emocional y psicológico. El secuestro no solo amenaza su libertad personal, sino que también impacta de manera profunda su bienestar psicosocial y la estructura misma de sus familias”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

“Secuestraron a mi abuelo, mataron a mi papá y amenazaron y extorsionaron a toda mi familia”

Las amenazas, las extorsiones y las agresiones físicas y verbales contra su familia fueron una constante durante gran parte de la infancia y la adolescencia de Cristian*. Todo por llevar un apellido que los delincuentes asociaban con dinero, fama y poder, por más que ellos les insistieran en que no tenían ni lo uno, ni lo otro, solo las ganancias derivadas de su vida productiva.

Al primero que secuestraron fue a su abuelo, en Llanogrande, Antioquia. Luego a su papá, del que nunca volvieron a recibir noticias y, por tanto, lo dieron por muerto. Posteriormente, Cristian y su mamá continuaron siendo amenazados, extorsionados y violentados mediante llamadas y misivas.

Cuando hicieron las primeras denuncias, los delincuentes arreciaron con sus amenazas, intimidándolos por haber tenido el valor de contarles a las autoridades. Pero Cristian y sus familiares tuvieron el apoyo de los organismos de seguridad y la Defensoría del Pueblo, y el flagelo, por fin, tuvo punto final, aunque las consecuencias ya eran irreversibles.

*Nombre cambiado para proteger la seguridad de la fuente.

Panorama actual e histórico del secuestro en Colombia

Fuente: Defensoría del Pueblo y Centro de Memoria Histórica, Observatorio de Memoria y Conflicto

- Víctimas de secuestro en Colombia (1958-2023): 38.825

- Cantidad de casos: 31.389

- Promedio de días en cautiverio: 167,72

El autocuidado es clave

La principal recomendación de las autoridades es que cuando una persona sea víctima de extorsión o reciba amenazas de secuestro, no pague a los delincuentes ninguna suma de dinero que le soliciten e inmediatamente interponga la denuncia o se acerque a la Defensoría del Pueblo para recibir acompañamiento y asesoría especializada.

Además, recomiendan no suministrar datos personales a desconocidos, ni publicar imágenes en redes sociales que revelen información privada y delicada.

¿A quién acudir en caso de recibir amenazas o ser víctima de secuestro?

Estas son algunas de las líneas de atención gratuitas habilitadas por las autoridades de seguridad que combaten estos delitos:

-Gaula Militar: 147

-Gaula de la Policía Nacional: 145

Igualmente, los ciudadanos pueden contactar a alguna de las 42 oficinas regionales que tiene en todo el país la Defensoría del Pueblo y solicitar el acompañamiento de la entidad. Sus funcionarios se encargan de hacerle un seguimiento permanente a la conducta vulneratoria del secuestro.

A través de esta oferta institucional se activan rutas como la toma de declaración en el marco de la Ley 1448 de 2011 que establece procedimientos especiales en materia de víctimas. De la misma manera, la entidad acompaña las liberaciones de las personas que se encuentran secuestradas por los grupos armados ilegales.

¿Cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo sobre el anuncio del ELN de que, en el desarrollo de los diálogos con el Gobierno, condicionaría el fin del secuestro a su financiación?

“Así como hace unos días valoramos que el Eln anunciara su compromiso para renunciar al secuestro, así mismo, decimos con vehemencia que es una burla para el país condicionar tan execrable práctica a la entrega de recursos para la financiación de este grupo guerrillero.

Somos conscientes de que una negociación tiene puntos que generan controversia, pero es una insolencia con el pueblo colombiano supeditar la libertad de los ciudadanos y de quienes están en cautiverio. El derecho fundamental a la libertad individual no se puede confundir con un pronunciamiento tan descabellado”.

¿Cuáles son las condiciones mínimas para alcanzar un cese al secuestro definitivo?

“Se deben abordar unas condiciones mínimas que son imperativas para iniciar negociaciones efectivas con grupos armados. Desde la Defensoría del Pueblo destacamos la importancia de establecer parámetros claros que aseguren la idoneidad política y jurídica de los interlocutores involucrados en las conversaciones de paz. No se puede considerar como un interlocutor válido y solvente a un grupo armado que no rechace con contundencia el reclutamiento de menores de edad y el secuestro. La evidencia con hechos concretos sobre esta negativa es un requisito para cualquier proceso de diálogo.

Ahora bien, desde la entidad hicimos una solicitud enérgica a los funcionarios del Gobierno Nacional encargados del proceso, para que exijan a su contraparte el estricto respeto y acatamiento del derecho internacional humanitario. Esta exigencia no implica complejas interpretaciones jurídicas y políticas, sino que se fundamenta en la voluntad y el sentido común. La suspensión de toda violación a los derechos humanos e infracciones al DIH es un requisito esencial y habilitante para que una organización armada al margen de la ley pueda sentarse a una mesa de diálogo”.

*Contenido en colaboración con la Defensoría del Pueblo.