Por deudas con EPM juez ordenó embargar las cuentas del Gobierno
Las obligaciones corresponden a los subsidios de servicios públicos que todavía no llegan al Grupo EPM.
Preocupantes noticias para el presidente Gustavo Petro: un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno Nacional a causa de las deudas que el Ministerio de Minas y Energía acumula con el Grupo EPM por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos.
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Esta determinación la tomó el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado martes, 4 de marzo, a través de un fallo en el que se precisó que dicha medida cautelar se limita a una suma de $ 83.309 millones, correspondiente a una deuda que se acumula con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), una de las empresas del Grupo EPM.
Cabe mencionar que en la decisión se reseña que la deuda en cuestión asciende por lo menos a los $ 46.912 millones, desagregados en $ 41.654 millones “por concepto de saldos insolutos derivados de obligaciones reconocidas en las resoluciones 00472, 00702, 01251 y 01961” y otros $ 5.258 millones por concepto “de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida” asociados a la primera cifra.
Fico se pronunció
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció el auto este lunes, 10 de marzo, indicó que el mismo se dio luego de que EPM se tuviera que ir a las vías judiciales tras la falta de respuestas de la Nación por el no pago de esos subsidios.
El mandatario del distrito agregó que, a pesar de que el primer embargo en cuestión se asocia a la deuda la Nación con Cens, además existen demandas que presentó Afinia y más filiales del Grupo EPM que se encuentran a la espera del pago de los subsidios.
Es importante tener en cuenta que en enero, los datos qué entregó el alcalde daban cuenta de un faltante para todo el Grupo de EPM de $ 1,25 billones con corte al 31 de diciembre de 2024.
En esa última fecha, la casa matriz tenía un faltante por subsidios de $ 227.000 millones, Chec (filial en Caldas y Risaralda) uno de $ 62.000 millones; Cens (Norte de Santander) uno de $ 148.000 millones; Edeq (Quindío) uno de $ 15.000 millones; Essa (Santander) uno de $ 117.000 millones; y Afinia (Caribe), uno de $ 695.000 millones.
“Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia, le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”, concluyó Federico Gutiérrez.
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