Crímenes en la 13: JEP imputó a exmiembros de la Fuerza Pública

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 8 exintegrantes del Ejército Nacional y a 4 de la Policía Nacional por hechos ocurridos en San Javier (comuna 13) entre los años 2001 y 2004.

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En el listado del tribunal aparecen los nombres de los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la Sala de Reconocimiento les atribuyó responsabilidad por omisión durante el tiempo que se desempeñaron como comandantes de la Cuarta Brigada y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, respectivamente.

Dice la JEP, por ejemplo, que Montoya Uribe y Gallego Castrillón “impulsaron una política de estigmatización que presentó a habitantes y líderes comunitarios como integrantes o colaboradores de las milicias. Estos señalamientos desconocieron la distinción entre combatientes y población civil y convirtieron a sectores de la comunidad en blancos de ataques y persecución”.

Agregó, además, que la investigación judicial logró establecer que entre 2001 y 2003, en esta zona de la capital antioqueña se realizaron 41 operaciones militares y policiales en las que se pudieron confirmar graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

Estas operaciones fueron aprovechadas por estructuras paramilitares, especialmente, por el Bloque Cacique Nutibara, para expandir su presencia en el territorio “mediante acuerdos explícitos y tácitos con integrantes de la Fuerza Pública, el DAS y el CTI.

Así fue como, por medio de acciones armadas, control social e integración de bandas locales, desarticularon las milicias urbanas que estaban en la comuna y zonas aledañas, y establecieron un control territorial y de economías.

De los acuerdos participaron miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, el Gaula Militar Antioquia, la Regional de Inteligencia Militar N.° 6 (Rime 6) y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con quienes los criminales tuvieron alianzas a través de mecanismo como el intercambio de información, uso de guía o informantes, segmentación del territorio, coordinación operativa en combates y ausencia de persecución frente al actuar de los paramilitares.

Como autores por omisión impropia, fueron identificados el brigadier general (r) Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada; el coronel (r) Bernardo Gutiérrez Camelo, jefe de inteligencia (B-2) de la Cuarta Brigada; el coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre, comandante del Batallón de Ingenieros N.º 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp); el brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana (Meval), y el coronel (r) Álvaro Botero Mejía, subcomandante operativo de la Meval.

Por su parte, el coronel (r) Juan Armando René Cadena Montenegro, el capitán (r) Carlos Mauricio Rojas Martínez, el coronel (r) Julián Ernesto Cadena Castillo, el coronel (r) Darío Enrique Cortés Castillo, el mayor (r) Sergio Enrique Pérez García y el sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa responden como coautores, al haber realizado aportes esenciales a la planeación, ejecución o encubrimiento del plan criminal.

Por último está el mayor (r) Jhon Jairo López Valencia, responde como coautor por los homicidios cometidos en la operación Contrafuego y como autor por omisión impropia por los homicidios, lesiones, privaciones de la libertad y desaparición forzada ocurridos en las operaciones Mariscal y Orión.

¿Qué se viene para estos hombres?

Cuando los imputados sean notificados, tienen 12 días para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación con argumentos y pruebas.

Si estos reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá remitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz, encargado de definir las sanciones propias, de carácter restaurativo.

Si no reconocen responsabilidad, sus casos podrán ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para adelantar un proceso adversarial que, de establecerse su responsabilidad, podría concluir con penas de hasta veinte años de prisión.

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Preguntas y respuestas relacionadas

¿De qué delitos acusa la JEP a los mandos de la Fuerza Pública involucrados en la comuna 13?

La JEP les atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2004 en el sector de San Javier. Las conductas investigadas abarcan homicidios, desaparición forzada, lesiones personales, privación de la libertad y desplazamiento forzado en el marco de las operaciones urbanas.

¿En qué consistió la alianza entre la Fuerza Pública y los paramilitares según la JEP?

Consistió en acuerdos explícitos y tácitos entre unidades del Ejército y la Policía con el Bloque Cacique Nutibara de las Auc para desarticular a las milicias urbanas y tomar el control del territorio. El intercambio incluyó inteligencia previa, uso de informantes, listas de personas señaladas, fotografías, coordinación operativa en combates y una omisión deliberada de persecución hacia los paramilitares.

¿Cuál fue el papel atribuido a los generales Mario Montoya y José Leonardo Gallego?

A ambos se les imputó responsabilidad como autores por omisión impropia en su condición de garantes. La investigación judicial determinó que permitieron, toleraron o no impidieron los crímenes, además de impulsar una política de estigmatización que presentó a líderes comunitarios y residentes de la comuna 13 como colaboradores de las milicias, convirtiéndolos en blanco de ataques.