El robo de agua en el Valle de Aburrá aumentó

Empresas Públicas de Medellín, mostró su preocupación por el incremento del consumo de manera fraudulenta de agua en el Valle de Aburrá y Rionegro, porque con esto se estaría generando un impacto negativo ambiental, económico y social.

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Y es que según el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado (IPUF) del sistema de acueducto de EPM, el consumo del líquido vital de manera ilegal, se ha incrementado gradualmente, superando en varias oportunidades la referencia que regulatoriamente se establece para los prestadores del servicio.

“Al cierre de agosto de 2024, el valor del IPUF para el sistema del Valle de Aburrá y Rionegro fue de 6,89 m3/usuario/mes, con un valor de volumen perdido equivalente a 117 millones de m3 durante el último año, lo que se equipara al 35,18 % de volumen suministrado anualmente al sistema. Este balance anual de pérdidas incluye fraudes y otras pérdidas de agua, que equivalen al volumen de ‘llenar’ 10 veces el embalse de La Fe, en El Retiro”, detalló la empresa.

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Esto es producto de las conexiones ilegales, las cuales no solo generan pérdidas económicas a la compañía por el robo del agua, sino por los daños que la organización debe de reparar, cuando se presentan daños producto de estas situaciones. A eso se le suma la reducción de la presión de agua para el usuario que tiene una conexión legal.

Es por eso que, para evitar este tipo de situaciones, la compañía se encuentra afianzando cada vez más una serie de acciones para contrarrestar este tipo de situaciones. Una de ellas es la búsqueda sistemática de fugas, la gestión de presión en toda el área de prestación del servicio, la atención de daños en las redes de transporte y distribución del agua potable, la reposición y extensión de redes y la renovación tecnológica de los medidores.

Pero eso no es todo, también adelantan un exhaustivo control de fraudes, así como la gestión de instalaciones cortadas por no pago, el fortalecimiento de la oferta de ‘Agua prepago de EPM’, la formalización de lavaderos informales y la gestión de asentamientos y territorios con restricciones por los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).