Dura realidad: violencia contra mujeres con discapacidad en Medellín
Las comunas Popular, Manrique y San Antonio de Prado concentran la mayoría de alertas.
Una realidad dura y silenciosa quedó en evidencia en Medellín. Entre enero de 2024 y octubre de 2025, la ciudad atendió 427 casos de mujeres con discapacidad que fueron víctimas de algún tipo de violencia, según cifras oficiales recopiladas por las comisarías de familia y la línea de emergencias 123.
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Los datos muestran que la mayoría de los casos no llegan como urgencias inmediatas. De las 427 atenciones, 360 fueron recibidas por comisarías de familia, mientras que solo 67 ingresaron por la línea 123, lo que deja ver que muchas violencias se presentan de manera constante y prolongada en el tiempo.
Otro dato que preocupa es la edad de las víctimas. El 43 % de las mujeres atendidas tiene más de 60 años, una condición que aumenta la vulnerabilidad y evidencia la necesidad de rutas de atención más claras y especializadas para las adultas mayores con discapacidad.
En cuanto a los territorios, las alertas se concentraron principalmente en las comunas Popular y Manrique, además del corregimiento San Antonio de Prado. Estas zonas fueron identificadas por el Distrito como prioritarias para reforzar la respuesta institucional y el acompañamiento a las víctimas.
El tema fue analizado en la más reciente sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, donde se reconoció que aún existen barreras que dificultan el acceso a la protección y a la justicia para esta población. Desde organizaciones sociales se advirtió que no todos los casos pueden tratarse de la misma manera y que el enfoque diferencial es clave para evitar la revictimización.
“Si no se eliminan las barreras y no se atiende la discapacidad de forma adecuada, el acceso a la justicia sigue siendo limitado”, señaló Andrea Herrera, vicepresidenta de la Coordinadora Nacional de Limitados Visuales (Conalivi).
Durante el encuentro, el Distrito asumió compromisos para mejorar la atención, como fortalecer la accesibilidad comunicativa, sumar intérpretes, capacitar a funcionarios y ajustar los procedimientos para reconocer la autonomía y la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad.
Las cifras dejan un mensaje claro: la violencia contra mujeres con discapacidad sigue siendo una problemática grave en Medellín y requiere respuestas más cercanas, efectivas y humanas, especialmente para las adultas mayores que hoy enfrentan mayores riesgos.
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