Concejal Andrés Tobón declarará contra Isabel Zuleta por el ‘Tarimazo’

El concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, fue citado por la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración el próximo 24 de noviembre, dentro del proceso penal que se adelanta contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López. La investigación busca esclarecer su presunta participación en el traslado irregular de varios reclusos al evento del presidente Gustavo Petro en Medellín, conocido como el ‘Tarimazo’, realizado el pasado 21 de junio.

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La denuncia fue interpuesta por el mismo Tobón, quien acusa a la congresista de abuso de función pública, al haber solicitado directamente el traslado de once personas privadas de la libertad desde la cárcel La Paz de Itagüí hasta la Plazoleta de La Alpujarra, sin tener la competencia legal para hacerlo. Según el concejal, entre los presos trasladados estaban reconocidos cabecillas del crimen organizado como Tom, Douglas y Pesebre.

“Fuimos los primeros en denunciar ese hecho político realizado con criminales de la talla de Tom y Douglas, que sacaron de la cárcel para acompañar a Petro a hablar de paz mientras nos amenazaban”, aseguró Tobón, quien considera que el episodio representó un grave precedente para las instituciones del país.

El concejal, que fue secretario de Seguridad de Medellín entre 2017 y 2019, recordó que la ley es clara y que este tipo de actuaciones podrían implicar penas de prisión de entre 16 y 36 meses, además de inhabilidad para ejercer cargos públicos por hasta 80 meses. En su denuncia también señala a dos funcionarios del Inpec, Rolando Ramírez Sanabria y Luz Adriana Cubillos Soto, por presunto prevaricato por acción, al firmar las resoluciones que habrían permitido las salidas ilegales.

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El evento, que se presentó bajo el nombre de ‘Pacto por la Paz Urbana’, fue encabezado por el presidente Petro y generó una fuerte polémica por permitir la presencia de jefes criminales en tarima, quienes incluso lanzaron señalamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez y el propio Tobón.

Para el concejal, la citación de la Corte representa “un paso importante para que el país conozca la verdad sobre cómo se usó el poder del Estado para darle visibilidad política a criminales condenados”. Añadió que su declaración buscará dejar en evidencia lo que considera un uso indebido de la autoridad y una afrenta a la justicia y a las víctimas del crimen organizado.

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