Judicializaron a 4 policías por presunta tortura a un preso en el Oriente antioqueño

Al parecer, lo habrían sacado del calabozo del municipio San Vicente Ferrer para llevarlo a zona rural de La Ceja y obligarlo a que entregara una supuesta caleta con armas y dinero.

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A la cárcel fueron enviados 4 uniformados de la Policía, señalados de ser los presuntos responsables de torturar y obligar a un privado de la libertad a que les indicara dónde se encontraba una supuesta caleta de armas y dinero, en zona rural de La Ceja, Oriente antioqueño.

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Los miembros de la institución señalados como presuntos implicados fueron el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez.

¿Cómo sucedió todo?

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido el 9 de julio de 2025 cuando la víctima se encontraba en el calabozo de la estación de Policía en San Vicente Ferrer. Señalan las investigaciones que, al parecer, los policías lo sacaron esposado mediante engaños.

Una vez lo pudieron movilizar, llegaron hasta la ruralidad de La Ceja para pedirle la información de una supuesta caleta con armas y dinero que este hombre conocía. Señala la Fiscalía que, presuntamente, los miembros de la Policía le entregaron un pico y una pala para cavar su propia tumba en caso de que no les informara lo que ellos requerían.

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Se pudo escapar

En medio de la intimidación, la víctima pudo volarse de los presuntos responsables hasta llegar a una finca ubicada en el municipio de La Unión (Oriente antioqueño) donde pudo resguardarse de los que lo estaban buscando.

El preso pudo contactar a las autoridades para coordinar su entrega voluntaria y contar lo que había sucedido. Sin embargo, a los dos días después de estos hechos, según el ente acusatorio, el intendente Rodolfo Herrera Hernández, subcomandante de la estación, reportó a sus superiores que este sujeto se habría fugado en medio de un traslado por problemas de salud.

Él no contaba con que la víctima ya se había entregado y procedieron a capturarlo junto a los demás señalados, para luego ser imputados por un fiscal por el delito de tortura. Además, Herrera Hernández se le aplicaron cargos por falsedad ideológica en documento público.

Un juez los envió a prisión para continuar con el proceso judicial, medida que fue apelada por la defensa.

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