¿Diálogo con capos? Así funciona el programa ‘Barrios de Paz’

‘Barrios de Paz’, una apuesta del Gobierno nacional, estaría buscando la transformación social de zonas históricamente marginadas por la violencia por medio del diálogo con voceros de estructuras armadas del Valle de Aburrá.

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Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sería un gran avance en cuanto a la intervención con enfoque social de asentamientos informales, más conocidos como invasiones, en Medellín y el Valle de Aburrá.

En las mesas de diálogo participarían representantes del Gobierno y delegados de estructuras armadas, con el objetivo de generar acuerdos que permitan mejorar la seguridad y las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

Claudia Andrea Ramírez, directora de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, aseguró en conversación con Semana que dicho programa lograría “transformar territorialmente los asentamientos humanos con déficit cuantitativo y cualitativo”.

El programa ya ha llegado a sectores considerados complejos por su historial de violencia y abandono estatal, como Nueva Jerusalén y Altos de Oriente, en el municipio de Bello. Allí se han adelantado trabajos para legalizar viviendas, recuperar espacios comunitarios, mejorar el acceso a servicios públicos como agua y energía y adecuar vías que faciliten la movilidad de los habitantes.

La apuesta busca cerrar brechas sociales en invasiones y barrios que durante años crecieron sin planeación urbana y que hoy enfrentan altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.

La polémica por los voceros

Aunque el programa busca mejorar la calidad de vida en barrios vulnerables, ha generado polémica porque incluiría diálogos con voceros de grupos criminales como La Terraza, entre ellos alias Douglas, quien actualmente está en prisión.

El debate surge porque estas estructuras han tenido durante años gran control en varios sectores de la ciudad, incluso controlando de manera informal aspectos de la vida cotidiana en algunos barrios, lo que podría complicar la llegada directa del Estado.

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Según un informe periodístico del medio citado previamente, integrantes de este grupo estarían cobrando ilegalmente por servicios como la energía y el agua en asentamientos informales. También serían señalados de vender terrenos de forma irregular en zonas de alto riesgo a familias que buscan dónde vivir.

Por eso, el Gobierno busca no solo legalizar estos barrios, sino también llevarles servicios públicos, mejorar sus espacios y permitir que la misma comunidad participe en los cambios del sector.

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